LA ODISEA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONVOCADAS A AUDITORÍAS EN LINCOLN

Fueron intimadas por Carta Documento y tuvieron que asistir a la vecina ciudad, donde los sometieron a esperas prolongadas y un clima de ansiedad e incertidumbre. "Mucha gente se descompuso".

Decenas de personas con discapacidad del partido de General Viamonte atravesaron una difícil experiencia al ser convocadas para realizar trámites vinculados a la revisión de sus pensiones no contributivas, en un proceso impulsado por la Agencia Nacional (ANDIS). Las citaciones llegaron en forma de cartas documento y generaron preocupación, ansiedad y malestar entre los vecinos afectados.

El motivo de la convocatoria responde a un proceso de auditoría para verificar el cumplimiento de los requisitos para mantener el beneficio, que según denuncian organizaciones sociales, está reglamentado por un decreto cuestionado por considerarse discriminatorio y excluyente.

Ante esta situación, la Municipalidad de General Viamonte, a través de la Dirección de Discapacidad, decidió acompañar a las personas convocadas facilitando el traslado. “Viajaron unas 90 personas a Lincoln, trasladadas en vehículos pagados por el municipio”, explicó Guillermina Auriol, Directora del área, en una entrevista a Radio Los Toldos. Sin embargo, ni esta medida ni la organización lograron evitar que el proceso se viviera con gran dificultad.

Los testimonios recogidos reflejan un escenario complejo: largos traslados desde distintos puntos del partido, esperas prolongadas y un clima de ansiedad e incertidumbre. “Los médicos que vienen a hacer las evaluaciones son de La Plata y eso complica todo”, relató una familiar. Esta situación los altera, los pone ansiosos tener que pasar por ese quilombo y la espera”, agregó. “Hubo mucha gente que se descompuso por la espera y el malestar”.

Algunas personas debieron viajar en vehículos particulares, pagando por sus propios medios, mientras que otras fueron trasladadas en combis del municipio.

El traslado y la espera no solo alteraron las rutinas de las personas, sino que también dificultaron la presentación de la documentación y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa en condiciones accesibles. “No es la forma ni el lugar para hacerlo, menos para personas con discapacidad”, opinó otro vecino.

Por su parte, la directora de Discapacidad de la Municipalidad destacó que “hubo 530 consultas en estos días, varios realizados por la misma persona”, y que el municipio debió reforzar la atención con profesionales de salud para responder a la demanda. Auriol también reconoció la dificultad para comunicarse con las autoridades nacionales y aclaró que en la delegación de Junín se despejaron “casi todas las dudas”.

DENUNCIAS ANTE LA ONU

Sin embargo, desde las organizaciones sociales que acompañan a las personas con discapacidad se denuncia que la normativa y el proceso no respetan los derechos de este colectivo, incumpliendo incluso la obligación de consulta previa establecida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, el decreto que regula la auditoría ha sido declarado inconstitucional y objetado por organismos internacionales.

Por ello, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se presentó ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar los retrocesos en las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas y las falencias en los procesos de auditoría impulsados por el Estado Nacional.

En la presentación realizada el día 23 de mayo, un conjunto de organizaciones denunciaron  que la situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas pone en grave riesgo su derecho a la protección social y todos aquellos que dependen de él.

El riesgo de perder la pensión, aunque su monto sea bajo, representa para estas personas una amenaza directa a su autonomía financiera, su derecho a la protección social y al acceso a la cobertura médica del Programa “Incluir Salud”.

El conflicto pone en evidencia la necesidad de garantizar procedimientos accesibles, con participación efectiva de las personas con discapacidad, y con un enfoque de derechos humanos que evite la revictimización y la exclusión.

(Fotos: gentileza Alejandra Ramos - Periodista - FM Tiempo).